La iniciativa de una Ley de Víctimas,
fue justificada en el Senado de la República a partir de reconocer
el desfase existente entre una normatividad dispersa e insuficiente frente
a nuevos y viejos parámetros de derechos y la visibilidad adquirida por un
universo de víctimas que atraviesa toda la sociedad. Desde el
proyecto inicial se anunció el propósito de tramitar una ley que dotara a la
sociedad Colombiana de una política de Estado que reconociera y garantizara los
derechos de las víctimas y de la sociedad impactada durante décadas por graves
violaciones a los derechos humanos y al Derecho internacional humanitario.
Su mayor logro es admitir que las víctimas que
hayan sufrido un daño desde enero de 1985 por cuenta del conflicto armado
interno serán reparadas y que las que perdieron sus tierras a partir de
1991 las recuperarán y todas las demás serán reconocidas simbólicamente. La ley
dice explícitamente que las víctimas de la Unión Patriótica también serán
reparadas, una batalla que dio el representante Iván Cepeda durante
todo el trámite.
En la ley que fue aprobada se acaba la excusa de la
falta de plata para atender a las víctimas con que el Gobierno de Uribe logró tumbar el proyecto de Ley porque queda
explícito que quedará incorporado el criterio de sostenibilidad fiscal. Y
aclara también que todas las medidas que se tomen para atender, asistir o
reparar a las víctimas no implicarán un reconocimiento de responsabilidad por
parte del Estado o de sus agentes, ni su reconocimiento podrá ser usado como
prueba de responsabilidad contra el Estado en un juicio. Con esto se consiguió
vencer las resistencias que había entre los militares respecto de darle el
mismo trato a las víctimas del Estado y a las de los demás grupos armados
ilegales.
Senadores y Gobierno calculan en 4
millones los afectados por la violencia que tendrán derecho a la reparación
económica y restitución de tierras.
Hay tres tipos de fecha, pero cada una tiene
unas condiciones especiales. Se cambió el texto de la ponencia y se dejó
abierto para que cualquier persona que se sienta menoscabada en sus derechos
por los actores del conflicto, en cualquier época, antes del 1 de enero del 85,
los pueda reclamar ante el Estado. Estas víctimas no recibirán reparación
monetaria. Apartir del 1 de enero de 1985 hacia
adelante, el Estado reparará económicamente a las víctimas del conflicto. Apartir de 1 de enero de 1991, de esa
fecha para adelante, las víctimas, además de la reparación económica, podrán
ser sujetas de restitución de sus tierras, despojadas por los violentos o
abandonadas.
El Gobierno nacional dice no tener un
monto definido de a cuánto ascenderá la reparación global. No obstante, el
Ministerio de Hacienda cuenta ya con unas tablas sobre los costos individuales
de las reparaciones. El cálculo habla de 6 millones de
hectáreas, de las cuales 4 millones fueron abandonadas y 2 millones más fueron
objeto del despojo directo.
La ley, aprobada por el Congreso en mayo
pasado, es la primera en Sudamérica que intenta indemnizar a víctimas
de un conflicto cuando este aún no ha concluido, según ha dicho Germán
Vargas Lleras, ministro del Interior; Cortas
pero simples palabras que para mi concepto reúnen el mayor punto a favor de la sanción
de esta ley, es que tenemos que preguntarlos ¿cuánto tiempo pasaría para que
las personas reciban la indemnización? "En eso hay que ser totalmente
claros: Colombia lleva 40 años acumulando víctimas del conflicto. Se calcula
que son cuatro millones y esta ley tiene una vigencia de diez años. No todas
las víctimas van a tener el año entrante acceso a todas las medidas de
reparación. Además, debemos tener en cuenta las medidas de
seguridad para proteger a los colombianos que retornen a sus tierras. "Será
el propio Estado el que diga 'no nos vamos a meter allá (en una zona)
porque no estamos en condición todavía de asegurarles la integridad a las
víctimas y si nos metemos allá es porque estamos en capacidad y desplazamos
toda la fuerza del Estado hacia allá'. Lo que es muy importante es que el
Estado no le puede poner un escolta a cada víctima, a cada líder de tierra. Eso
sería prácticamente imposible. Lo que hay que asegurar son las zonas" de
los distintos 32 departamentos colombianos en los que haya restitución de
tierra.
Suena ilógico pero a la vez muy lógico somos
un país que aún tiene conflicto porque no
primero acabar con el conflicto interno y después más bien, hacer la
respectiva indemnización a las víctimas de este...
Que nos quede la duda.. porque mas bien no pensar antes de actuar?
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